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Análisis crítico del derecho

La nueva mayoría en el TC y la educación escolar

Por Guillermo Jiménez.

No sólo la acusación constitucional fue noticia la semana pasada en ámbito de la educación. Una nueva decisión del TC sobre educación escolar ratifica la protección a todo nivel de los prestadores privados en el sistema educacional.

La semana pasada en Chile se tomaron decisiones constitucionales de importante impacto en el derecho a la educación. En parte, estaba en cuestión el lugar de los prestadores privados en el escenario nacional. También quedó en cuestión la capacidad de ejecutar la ley y de fiscalizar que tiene el Ministerio de Educación. Quizás para sorpresa de los lectores, no me refiero a la acusación constitucional, sino a una sentencia del Tribunal Constitucional que salió el jueves 4 de abril pasado (STC 2407).

En la sentencia el TC ejerció el control obligatorio de una ley de rango de LOC que modificó la Ley General de Educación (LGE) prorrogando el plazo para cumplir con la obligación de poseer giro único para obtener reconocimiento oficial. La ley también permitió transferir esa calidad, haciendo excepción a la regla permanente de la LGE. Esta regla beneficia a los colegios católicos y a los demás colegios privados que actualmente poseen giros multipropósito. La regla de giro único, cabe destacar, pretende entre otros fines permitir una fiscalización reforzada del empleo de recursos públicos por parte de los colegios que reciben subvenciones.

Esta no es la primera, sino la tercera vez que se prorroga el plazo para que entren en régimen permanente las exigencias de la LGE. Hace menos de un año el TC declaró inconstitucional un intento de prórroga similar (por 6 votos contra 3). En aquella ocasión, el TC consideró injustificado que se difiriera una vez más el cumplimiento de las reglas permanentes de la LGE. EL TC argumentó que la regla otorgaba privilegios injustificados a los colegios que incumplían el giro único, infringiendo el principio de igualdad ante la ley. Pero esta vez la “nueva mayoría” en el TC consideró que la prórroga es constitucional. Sólo votaron por mantener el estándar de hace 6 meses los ministros Carmona y Fernández.

Como es habitual, el fallo de mayoría no ofrece razones para fundamentar su decisión, a pesar de un extenso voto de minoría en que Carmona y Fernández generan más que una duda sobre la legitimidad de la decisión de sus colegas. El voto de minoría sugiere que estamos en presencia de una regla que sólo pretende retardar una vez más la entrada en régimen del sistema de la LGE. Deja en evidencia, además, que el Ministerio de Educación ha sido extremadamente generoso con los incumplidores en esta materia. A casi cinco años de entrada en vigencia la exigencia, no hay indicio de una actitud proactiva del Ministerio con el propósito de que la ley se cumpla, ni mucho menos existen sanciones. Al escéptico hay que aclararle que acá si que no hay duda de que existen potestades fiscalizadoras.

En fin, para los interesados en el debate sobre educación y sus repercusiones jurídicas, la lectura y la crítica de esta sentencia parece imprescindible.

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